domingo, 1 de julio de 2012


Qué pasa con la Justicia Colombiana? Parte segunda.

Se hundió la reforma de Justicia, y todos como Pilatos se lavaron las manos. Ahora surgen voces para que una constituyente la reforme. La pregunta del millón, es quien va a organizarla?. Quien va tener el poder de nombrar sus miembros?. Quien va a colocar los temas?, Aunque el constituyente primario es el pueblo, este ciegamente seguirá eligiendo como narcotizado a estos “ilustres padres de la patria”- Quien nos salvara de este error?, lo malo es que seguirán en actividad política  los que mostraron las “uñas “ en esta reforma. Como el dicho popular” vaca ladrona” nunca se le olvida el portillo. El pueblo volverá a “caer en la trampa” como decía el ilustre Darío Echandìa un pueblo “cafre”, en manos de unos “vivos”
Pero que se le puede reformar a una constitución que fue la primera en la historia de Colombia, que no fue hecha por vencedores de revoluciones, que le abrió puerta a la tutela, que le quito al gobierno el decreto de “estado de sitio”, que lo esgrimía cada vez que se sentía disminuido en su poder, que castiga a los que el flamante “fiscal” manifestó que tenían absoluta impunidad perdone inmunidad etc.
Disque esta reforma era para descongestionar los juzgados, lo que no saben muchos es que mientras algunos jueces trabajan duro otros hacen todo lo contrario, dando como resultado que en promedio de ejecución, estamos muy por debajo del promedio del mundo, o sea que reformar la justicia, sin reformar internamente es perder dinero y tiempo
Por otra parte la justicia que se estaba vendiendo  por unas monedas de “plata”,  iba a recibir varias gabelas: Mas dinero del presupuesto para que lo malgastara. Ampliación de su estadía en la cortes con máxima edad de 70 años y prolongación de tiempo de estadía en 4 años. Los acusados pagarían una suma de dinero a la Justicia, por cada unos de los casos. El Consejo Superior de la Judicatura se eliminaría por presuntos desfalcos y ejecutorias mal hechas como la ampliación del valor de las pensiones, pero  lo peor es que iban a darle poder a quien uso este Consejo  para hacer esto. Esto es para Ripley.  Se iba a repartir la ejecución de la justicia con los Notarios, que a duras penas actualmente implantan sus firmas costosas en los documentos. Iba a soltar a muchos acusados congresistas, que consiguieron sus votos, con sus manos manchadas de “sangre”. Lo que no se conoce es que si esta reforma era para quitarle poderes al ejecutivo y producir una “zancadilla” a Santos, para que quedara a manos del Congreso, o una mala jugada de Lleras, el autor de esto, todo por la próxima presidencia de Colombia.   Poder!, Poder! Y el pueblo que lo lleve el “diablo”.
Mientras la justicia la quieren reformar, dentro de ella se tiene que depurar primero, pues los siguientes hechos que son unos pocos que suceden cotidianamente en la rama judicial,  lo hacen las personas que deben dar buen ejemplo y acatar las leyes: Mentes subdesarrolladas, tercermundistas y chibchas (...). Como diría nuestra filó­sofa Shakira: sordos, ciegos y mudos (...)". Con esos cali­ficativos res­pondió la magistrada del Tribunal Superior de Medellín, María Puerta a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar uno de sus fallos. Por esa carta -que los siete magistrados de la Sala Civil de la Corte recibieron el 6 de febrero de 2008 y que Puerta finalizó afirmando: "Sin pe­na ni miedo. Eso sí, con mi acostumbrado respeto"- el Consejo Superior de la Judi­catura la sancionó un mes. En casos como este, la Judi­catura ha establecido que los jueces no solo deben aplicar los códigos en forma debida, ser imparciales y objetivos en sus decisiones y proteger los derechos de las personas. Su comportamiento perso­nal, advierte ese tribunal, de­be ser ejemplar. En su defensa, la magistra­da Puerta contestó que su in­tención era hacerle ver a la Corte el error en el que estaba incurriendo. Sin embar­go, el magistrado Jorge Otálora -quien actuó como ponente en el caso- convenció a sus colegas de que ese tipo de si­tuaciones reñía con la majes­tad de la justicia. Otros jueces la emprenden contra los abogados. En Car­men de Bolívar, José España trató de "ladrón, sapo de ojos  saltones, pájaro de cuentas penales y payaso" a Carlos de La Rioja, quien como apoderado del municipio apeló varios de los fallos  del juez.
España, quien además es investigado por embargos a las arcas del municipio, fue castigado con siete meses de suspensión por no "guardar el decoro" con el que deben actuar los servidores judiciales. El juez les respon­dió a los magistrados de la Judicatura que le estaban violando en derecho a la libertad de expresión, pues en su lenguaje "hay desconoci­miento de la elegancia de otros, pero es casti­zo". Y agregó: "Tienen que dejar los melindres, la mojigatería y las posiciones sen­sibleras".
Un fiscal de Balboa (Cauca) que violó a varias ni­ñas y alegó que no po­día ser sancionado dis­ciplinariamente por­que esa conducta "na­da tenía que ver con su trabajo". Además, aseguró que los he­chos habían ocurri­do en horas no la­borales
Víctor Muñoz Cabrera, fiscal de Balboa [Cauca], se quiso oponer a la suspensión por un año que le impuso la Judicatura por actos abusivos con varias niñas menores de 9 años, asegurando que su acción criminal fue ajena a sus deberes como funcionario judicial. Dijo que "ocurrieron en horas no laborables" y en Popayán, una ciudad diferente a la de su puesto de trabajo. Según el fiscal Muñoz, las conductas por las que también fue condenado a nueve años de cárcel "hacían parte de su vida privada". Su comportamiento, concluyó la decisión disciplinaria, debía ser pulcro, no solo en el despacho judicial, sino en todos los actos de su vida.
Fueron tantas deudas las que acumuló la juez promiscua de Susacón [Boyacá], Claudia Patricia Zambrano Botía, que sus acreedores no tuvieron otra opción que presentar una queja en su contra. Su sueldo estaba embargado por cinco obligaciones por más de un millón de pesos y había otras siete órdenes de pago de cuatro juzgadas, por casi 3 millones, haciendo cola. La juez fue suspendida dos meses por comprometer la dignidad de la justicia. Sin embargo, ella se defendió asegurando que las deudas no le impedían impartir justicia ni afectaban el buen funcionamiento de su despacho.
La esposa del juez segundo de Ortega (Tolima), Ezequiel Hernández Clavijo, cansada de los escándalos públicos que él, borracho, le hacía, y de los maltratos a los que la sometía, decidió poner una queja en la Judicatura. El funcionario, terminó sancionado por 90 días por atentar contra el decoro y la dignidad de las personas, pero alegó que su esposa era una perturbada mental y que los jueces no podían darle cabida a "improperios, chismes y calumnias" de quienes querían perjudicarlo. También aclaró que el maltrato contra su esposa había sucedido "los domingos, que no es día laboral, y en sitios diferentes de su lugar de trabajo".
El fiscal Jaime Giovanni Chávez Ordóñez fue destituido de su cargo e inhabilitado 13 años para ocupar cargos públicos por haber preparado un falso operativo y allanar sin una orden judicial las oficinas de la pirámide DRFE, en Rosas [Cauca], hechos ocurridos el 16 de noviembre de 2008. El fiscal Chávez aprovechó los disturbios que se presentaron ese día para conformar una comisión judicial y así ingresar al local. "Empleó su cargo para que le pagaran, por delante, la totalidad de los dineros invertidos en DRFE en perjuicio de la mayoría de los afectados", señala la decisión.
La Judicatura ha sancionado a jueces por  irrespeto, por insultar a abogados en sentencias y hasta por irrespeto, por insultar a abogados en sentencias y por violento, además ha expresado en numerosos fallos el Consejo Superior  que: "En cada pueblo de Co­lombia, el alcalde, el profesor, el policía, el cura y el juez representan al Estado y deben tener un comporta­miento ejemplar", dijo el magistrado Otálora, quien ha dado una batalla en la Sala Disciplinaria para lo­grar que estos casos sean sancionados
.Fuera de estos casos ventilados hay miles que están para definir en los estrados judiciales; si la sal se corrompen que esperamos, será que sobran abogados en Colombia, como lo determinaron hace años cerrar las facultades de derecho por lo menos cinco años pues según el sociólogo Mauricio García Villegas en Colombia hay 72 facultades de Derecho con 70.000 alumnos, según el sociólogo Mauricio Gar­cía Villegas. Otro profesor, Nelson Vanegas, anota: "Luego de leer las marrullas (...) en Foncolpuertos, Cajanal, el Seguro So­cial, etc., me pregunto ¿qué abo­gados estamos formando?".
Realmente dejemos esta constitución como esta, no les demos  más queso a los ratones. Pongamos a funcionar las redes sociales. Busquemos con ellas la verdadera democracia. No traguemos entero las disposiciones de los Congresistas. En ellos hay gente proba, pero parece que son pocos, como lo mostro esta reforma. No podía faltar entre los congresistas que aprobaron los “micos” un representante nuestro; Edgar Osorio,  pero este según la prensa solo hacia presencia de “comodín”, para el quórum, triste papel de un congresista, o sea ni fu ni fa, como muchos de los nuestros que han llegado al Congreso a ganar su sueldo, que no es ningún sueldo despreciativo, pues con todas las gabelas que consiguen,  la revista “dinero” manifiesta que ganan aproximadamente  la suma mínima mensual de $80 millones de pesos, que para algunos no les alcanza para comprar gasolina, pero si para  construir ”micos”., e irse para China para no ver el desastre que quería hacer.